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Tema 13. Derechos y garantías de los ciudadanos andaluces y usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)

Temario común para el acceso a Facultativo/a Especialista de Área del Servicio Andaluz de Salud (SAS), aplicable a las distintas especialidades convocadas en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público 2022, 2023 y 2024 · Índice oficial del BOJA núm. 156, de 12 de agosto de 2024, páginas de la Resolución de 7 de agosto de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud — bloque de temario común (temas 1 a 22), previo a los bloques específicos de cada especialidad médica publicados en anexos independientes..

Este temario recoge ÚNICAMENTE el bloque de "temario común" (22 temas, numerados 1 a 22) que el Servicio Andaluz de Salud aplica de forma transversal a las distintas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área (FEA) en sus convocatorias de la OEP 2022-2023-2024, verificado en la Resolución de 7 de agosto de 2024 (BOJA núm. 156). Cubre legislación general (Constitución, Estatuto de Autonomía de Andalucía), organización sanitaria, protección de datos y transparencia, prevención de riesgos laborales, igualdad de género, el Estatuto Marco del personal estatutario, los derechos del paciente, tecnologías de la información, el Sistema Nacional de Salud, salud pública, calidad, gestión clínica, investigación biomédica y bioética — materia común a cualquier especialidad. NO cubre el bloque específico de cada especialidad médica (por ejemplo, en Genética Clínica serían los temas 23 a 96 sobre genoma, citogenética, herencia y enfermedades genéticas concretas; cada una de las más de cuarenta especialidades de FEA tiene su propio bloque específico, publicado en un anexo independiente de la misma Resolución), por tratarse de contenido clínico altamente especializado que varía completamente de una especialidad a otra y que requeriría fuentes médicas específicas por especialidad para redactarse con la precisión exigible — no incluido en esta primera versión para no arriesgar imprecisiones clínicas. Es específico del Servicio Andaluz de Salud (Andalucía); el resto de servicios de salud autonómicos (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc.) tienen su propio temario y su propia convocatoria, no cubiertos por este fichero — pendiente de adaptar por Comunidad Autónoma en el futuro.

Los derechos y garantías de la ciudadanía andaluza y de las personas usuarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) se articulan a partir de un marco normativo en varios niveles: la Ley 14/1986, General de Sanidad, que reconoce por primera vez de forma sistemática los derechos de los ciudadanos ante las Administraciones públicas sanitarias; la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, que desarrolla en detalle la información asistencial, el consentimiento informado y la historia clínica; y, en el ámbito autonómico, la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, que amplía estos derechos con figuras propias como la libre elección de médico, profesional, centro y servicio. Sobre esta base normativa se asienta la Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía en el SSPA, documento divulgativo que resume estos derechos para la población y las garantías concretas de las que dispone la persona usuaria dentro del sistema.

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El derecho a la protección de la salud como marco constitucional

El punto de partida de todo el sistema de derechos sanitarios es el artículo 43 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la protección de la salud como principio rector de la política social y económica y encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública. Sobre esta base constitucional se construyen, en cascada, la legislación estatal básica y la legislación autonómica de desarrollo que concretan derechos exigibles para la ciudadanía.

Los derechos generales del artículo 10 de la Ley General de Sanidad

El artículo 10 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, reconoce a todas las personas, con respecto a las distintas Administraciones públicas sanitarias, entre otros, el derecho al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin discriminación por razón de origen racial o étnico, género, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social; el derecho a la información sobre los servicios sanitarios accesibles y los requisitos para su uso; y el derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y su estancia en instituciones sanitarias públicas o vinculadas al sistema público. La propia ley obliga a los poderes públicos a informar a las personas usuarias de sus derechos y deberes.

La Ley 41/2002: información asistencial y consentimiento informado

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, desarrolla con detalle el derecho a la información asistencial (persona titular del derecho, contenido y forma de la información) y regula el consentimiento informado como regla general de toda actuación en el ámbito sanitario, que se presta habitualmente de forma verbal salvo en intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa, en los que debe constar por escrito. Regula igualmente las instrucciones previas o voluntades anticipadas y el derecho de acceso a la historia clínica.

La Ley 2/1998, de Salud de Andalucía: ampliación autonómica de derechos

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, dedica su Título II a los derechos y obligaciones de la ciudadanía ante los servicios sanitarios públicos, estructurado en un Capítulo I de derechos, un Capítulo II de obligaciones y un Capítulo III sobre la efectividad de unos y otras. La ley andaluza completa y amplía el contenido de la Ley General de Sanidad incorporando de forma expresa la libre elección de médico o médica, de profesional, de servicio y de centro sanitario dentro del sistema público, así como el derecho a una segunda opinión médica y el acceso a la información relacionada con el propio estado de salud.

La Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía en el SSPA

La Consejería competente en materia de salud ha elaborado la Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía en los servicios sanitarios públicos de Andalucía, documento que recopila de forma actualizada y en lenguaje comprensible los derechos y deberes reconocidos por la legislación vigente. La Carta se expone de forma visible en las habitaciones de los hospitales, en las consultas de atención especializada y de atención primaria, en las entradas de los centros sanitarios y en distintas plantas de los edificios hospitalarios, como instrumento de información directa a la ciudadanía.

Derechos de acceso, elección y trato dentro del SSPA

Entre los derechos reconocidos a las personas usuarias del SSPA destacan: recibir atención sanitaria en condiciones de igualdad sin discriminación; recibir información clara y comprensible sobre diagnóstico, tratamiento y pronóstico, en especial ante intervenciones que entrañen riesgo; elegir entre las opciones clínicas disponibles y rechazar una intervención sanitaria, salvo en los supuestos legalmente tasados (riesgo para la salud pública, incapacidad del paciente con actuación urgente e imprescindible, o riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica); ser acompañada por una persona de confianza cuando las circunstancias clínicas lo permitan; y disponer de la confidencialidad de sus datos, incluidos los datos genéticos o genómicos.

Deberes de la ciudadanía y garantías de efectividad

De forma correlativa a los derechos, la normativa reconoce deberes de la ciudadanía, como cumplir las prescripciones generales en materia de salud y las normas de los centros y servicios sanitarios, mantener el debido respeto al personal y a las demás personas usuarias, cuidar las instalaciones y colaborar en su mantenimiento, y cumplir los requisitos administrativos para el acceso a las prestaciones sanitarias. La efectividad de estos derechos y deberes se garantiza mediante mecanismos como los Servicios de Atención a la Ciudadanía, el sistema de sugerencias y reclamaciones, y las vías de tutela administrativa y jurisdiccional en caso de vulneración.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El artículo 43 CE, principio rector no exigible por amparo, es el fundamento constitucional del derecho a la protección de la salud.
  • El artículo 10 de la Ley General de Sanidad (14/1986) reconoce los derechos generales de la ciudadanía ante las Administraciones sanitarias.
  • La Ley General de Sanidad obliga a los poderes públicos a informar a las personas usuarias de sus derechos y deberes.
  • La Ley 41/2002 regula la información asistencial, el consentimiento informado y la historia clínica de forma básica y estatal.
  • El consentimiento informado es, como regla general, verbal, salvo en cirugía, procedimientos invasores y actuaciones de notorio riesgo, casos en los que debe constar por escrito.
  • La Ley 41/2002 regula también las instrucciones previas (voluntades anticipadas) y el acceso a la historia clínica.
  • La Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, dedica su Título II a derechos (Capítulo I), obligaciones (Capítulo II) y efectividad de derechos y deberes (Capítulo III).
  • La ley andaluza amplía la Ley General de Sanidad con la libre elección de médico, profesional, servicio y centro dentro del sistema público.
  • La Ley 2/1998 reconoce también el derecho a una segunda opinión médica.
  • La Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía en el SSPA recopila de forma divulgativa los derechos vigentes.
  • La Carta se expone en habitaciones, consultas, entradas y plantas de los centros sanitarios públicos andaluces.
  • El derecho a rechazar una intervención sanitaria tiene excepciones legales tasadas: riesgo para la salud pública, incapacidad con actuación urgente, y riesgo inmediato grave para la integridad.
  • Las personas usuarias tienen derecho a ser acompañadas por una persona de confianza cuando las circunstancias clínicas lo permitan.
  • La confidencialidad alcanza también a los datos genéticos o genómicos obtenidos durante la asistencia.
  • Entre los deberes ciudadanos están el respeto a normas y personal de los centros, y el cuidado de las instalaciones.
  • Los Servicios de Atención a la Ciudadanía y el sistema de sugerencias y reclamaciones son mecanismos de garantía de los derechos.
  • Error frecuente: atribuir la libre elección de centro y profesional a la Ley General de Sanidad estatal, cuando es una ampliación propia de la legislación andaluza.
  • Error frecuente: confundir la Carta de Derechos y Deberes (documento divulgativo) con la norma legal que reconoce esos derechos (Ley 2/1998, Ley 41/2002, LGS).
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Pregunta 1 de 110 aciertos

¿Cuál de las siguientes es una excepción legalmente tasada al derecho a rechazar una intervención sanitaria dentro del SSPA?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 13 de Facultativo Especialista (FEA)?

Los derechos y garantías de la ciudadanía andaluza y de las personas usuarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) se articulan a partir de un marco normativo en varios niveles: la Ley 14/1986, General de Sanidad, que reconoce por primera vez de forma sistemática los derechos de los ciudadanos ante las Administraciones públicas sanitarias; la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, que desarrolla en detalle la información asistencial, el consentimiento informado y la historia clínica; y, en el ámbito autonómico, la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, que amplía estos derechos con figuras propias como la libre elección de médico, profesional, centro y servicio. Sobre esta base normativa se asienta la Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía en el SSPA, documento divulgativo que resume estos derechos para la población y las garantías concretas de las que dispone la persona usuaria dentro del sistema.

¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?

El artículo 43 CE, principio rector no exigible por amparo, es el fundamento constitucional del derecho a la protección de la salud. El artículo 10 de la Ley General de Sanidad (14/1986) reconoce los derechos generales de la ciudadanía ante las Administraciones sanitarias. La Ley General de Sanidad obliga a los poderes públicos a informar a las personas usuarias de sus derechos y deberes. La Ley 41/2002 regula la información asistencial, el consentimiento informado y la historia clínica de forma básica y estatal. El consentimiento informado es, como regla general, verbal, salvo en cirugía, procedimientos invasores y actuaciones de notorio riesgo, casos en los que debe constar por escrito. La Ley 41/2002 regula también las instrucciones previas (voluntades anticipadas) y el acceso a la historia clínica. La Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, dedica su Título II a derechos (Capítulo I), obligaciones (Capítulo II) y efectividad de derechos y deberes (Capítulo III). La ley andaluza amplía la Ley General de Sanidad con la libre elección de médico, profesional, servicio y centro dentro del sistema público. La Ley 2/1998 reconoce también el derecho a una segunda opinión médica. La Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía en el SSPA recopila de forma divulgativa los derechos vigentes. La Carta se expone en habitaciones, consultas, entradas y plantas de los centros sanitarios públicos andaluces. El derecho a rechazar una intervención sanitaria tiene excepciones legales tasadas: riesgo para la salud pública, incapacidad con actuación urgente, y riesgo inmediato grave para la integridad. Las personas usuarias tienen derecho a ser acompañadas por una persona de confianza cuando las circunstancias clínicas lo permitan. La confidencialidad alcanza también a los datos genéticos o genómicos obtenidos durante la asistencia. Entre los deberes ciudadanos están el respeto a normas y personal de los centros, y el cuidado de las instalaciones. Los Servicios de Atención a la Ciudadanía y el sistema de sugerencias y reclamaciones son mecanismos de garantía de los derechos. Error frecuente: atribuir la libre elección de centro y profesional a la Ley General de Sanidad estatal, cuando es una ampliación propia de la legislación andaluza. Error frecuente: confundir la Carta de Derechos y Deberes (documento divulgativo) con la norma legal que reconoce esos derechos (Ley 2/1998, Ley 41/2002, LGS).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 156, de 12 de agosto de 2024, páginas de la Resolución de 7 de agosto de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud — bloque de temario común (temas 1 a 22), previo a los bloques específicos de cada especialidad médica publicados en anexos independientes. (Temario común para el acceso a Facultativo/a Especialista de Área del Servicio Andaluz de Salud (SAS), aplicable a las distintas especialidades convocadas en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público 2022, 2023 y 2024).

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